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El empleo como salvavidas para las mujeres víctimas de violencia de género

Mujeres víctimas de violencia de género

La inserción laboral es una herramienta decisiva en el proceso de salida de la violencia, siendo la mejor forma de garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género puedan lograr una autonomía económica, recuperar sus derechos, su autoestima y el rumbo de sus propias vidas.

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más graves y habituales, y es experimentada por mujeres y niñas en todo el mundo de manera individual y colectiva, por el mero hecho de ser mujeres. Las víctimas pueden pertenecer a cualquier estrato social, nivel educativo, cultural y económico. Numerosos estudios confirman que no hay un perfil común para las víctimas de violencia machista, más allá de ser mujeres.

El impacto de la violencia machista afecta a todos los ámbitos de la vida de las víctimas, de manera profunda, y el camino de reparación en muchos casos tiene como centro y eje fundamental la inserción laboral, especialmente cuando sus maltratadores las han privado de la posibilidad de acceder a un empleo. En la mayoría de los casos, el sometimiento al agresor ha servido para que se sientan desde infravaloradas hasta anuladas como personas, y la dependencia económica del mismo suele ser completa.

La persistente brecha de género en el mercado laboral (baja empleabilidad de las mujeres que superan los 55 años) caracteriza tanto a quienes han sido víctimas como a quien no, sin embargo, tal y como muestran las conclusiones del Estudio sobre mujeres víctimas de violencia de género. Perfilado, necesidades de empleo/formación y medidas de inserción laboral, elaborado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid en 2021, el hecho de ser MVVG se considera un factor de interseccionalidad o discriminación múltiple. A la condición de ser mujer, que es una causa de discriminación en el mercado laboral, se suma la condición de ser víctima de violencia machista, cuyas consecuencias físicas y psicológicas en la persona disminuyen su empleabilidad.

La independencia económica de las mujeres víctimas de violencia de género

La última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, publicada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en 2020, detectaba que al 5% de las mujeres su pareja no las dejaba trabajar fuera del hogar, alejándolas del mundo laboral y conduciéndolas a una espiral de aislamiento que cada vez dificulta más el acceso a un trabajo. Todo ello se identifica también con el concepto de violencia económica, siendo una de las menos investigadas y que sin embargo determina en muchas ocasiones que el maltrato se perpetúe en el tiempo. Según las estadísticas, pasan 8 años y 8 meses de media desde que se inicia la violencia hasta que la mujer solicita ayuda y rompe con su agresor, y cuando los ingresos de la pareja dependen únicamente del agresor las mujeres tardan aún más en denunciar (casi 10 años).

Tal y como recoge el reciente Estudio de la Violencia Económica contra las Mujeres en sus relaciones de pareja o expareja, editado por el Ministerio de Igualdad en 2023, la prevalencia de la violencia económica es del 11,5% entre las mujeres, y se materializa habitualmente en estas tres dimensiones:

  • Control económico: Las víctimas sufren limitación del acceso a recursos financieros e impedimentos para acceder a las necesidades básicas, como alimentación, ropa y/o medicamentos. El maltratador puede controlar el uso que la víctima hace del dinero, impedir el acceso, ocultar el dinero ganado en común o engañar sobre propiedades y bienes compartidos.
  • Sabotaje laboral: El agresor impide a la víctima obtener o mantener un empleo. Los maltratadores prohíben, desalientan o interfieren sobre el empleo y/o la formación de sus víctimas, muchas veces con la excusa de que ellas descuidan la familia y el hogar. Comportamientos como impedir que rindan en el trabajo (no dejarlas descansar de noche, apagar el despertador, inutilizar su coche), manifestar celos infundados de compañeros o acosarlas en el puesto de trabajo son tácticas comunes.
  • Explotación económica: El agresor se apropia o destruye intencionadamente los recursos económicos de la víctima, apropiándose de su salario, robándole dinero o tarjetas bancarias, o abriendo una línea de crédito a nombre de la mujer sin su permiso, entre otros ejemplos.

El acceso normalizado al empleo permite a las mujeres víctimas retomar sus vidas, alejadas de la situación de maltrato, ampliar su red de contactos y desarrollar sus habilidades, sintiéndose útiles, recuperando la autoestima y la seguridad en sí mismas. El trabajo permite a las mujeres víctimas salir del círculo de la violencia machista y fortalecer sus derechos.

Contratación de mujeres víctimas de violencia de género

Tal y como recoge el Manual para facilitar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género elaborado por el Instituto de las Mujeres, las empresas cada vez están más comprometidas con la realidad de las mujeres víctimas de violencia machista, a pesar de los miedos y prejuicios que dificultan su contratación:

  • Miedo a que aparezca el maltratador en el centro de trabajo.
  • Miedo a que sean mujeres débiles, psicológicamente frágiles.
  • Miedo al bajo rendimiento y al absentismo, por las consecuencias del maltrato.

La realidad es que estos prejuicios son infundados, pues se trata de mujeres que han demostrado una gran fortaleza, lo que les ha permitido salir de situaciones en algunos casos de violencia extrema. Las MVVG tienen capacidades extraordinarias en cuanto a empatía, resiliencia, y capacidad de trabajo en equipo. Mayoritariamente muestran un grado de responsabilidad y motivación superior al resto de personas trabajadoras.

Por otro lado, la contratación de MVVG es objeto de bonificación en las cuotas de la Seguridad Social. Las empresas que contraten indefinidamente a mujeres que tengan acreditada su condición de víctimas tendrán derecho, desde la fecha de celebración del contrato, a una bonificación por trabajadora de 1.500 euros al año durante 4 años. Si se trata de contratos temporales será de 600 euros al año (50 euros al mes) durante toda la vigencia del contrato. Según el XV Informe Anual del Observatorio estatal de Violencia Sobre la Mujer, en 2021 se llevaron a cabo 836 contratos de MVVG bonificados, habiendo alcanzado el máximo (1071) en el año 2019. Es evidente que, a pesar de los avances aún queda mucho camino por recorrer para incrementar estas cifras.

Desde Fundación Nortempo hemos iniciado recientemente en Galicia el Programa “Integra-T Muller 2024”, en el que realizamos itinerarios personalizados y acciones específicas para lograr la inserción sociolaboral de 30 mujeres víctimas de violencia de género, ofreciéndoles formación, asesoramiento e intermediación laboral para acompañarlas en el camino de su independencia económica y personal.

Además, todas las oficinas de Grupo Nortempo se han adherido a la campaña Punto Violeta, promovida por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista, ofreciendo la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres.

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Por Paula Recarey, orientadora laboral en Fundación Nortempo